domingo, 20 de mayo de 2012

ACCIÓN DE TUTELA


ACCIÓN DE TUTELA. (Artículo 86 CP. Decreto reglamentario 2591 Anexo.)

La tutela es el principal mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y se ha convertido en una herramienta imprescindible para lograr la efectividad de los mismos.

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

ACCION DE TUTELA-Alcance
La Acción de Tutela, aunque esté prevista para la protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, no es un mecanismo excluyente de la protección consecuencial e indirecta de los restantes derechos e intereses jurídicos, siempre que en su ejercicio se reclame y se determine la violación o la amenaza de violación directa y eficiente de los derechos constitucionales fundamentales.
ACCION DE TUTELA-Requisitos/LEGITIMACION POR ACTIVA
No basta señalar en abstracto la hipótesis de la violación o de la amenaza de violación y señalar a la autoridad supuestamente causante de una acción o responsable de la omisión; es necesario que se señale a la persona o al grupo de personas en cuyo nombre se actúa en calidad de representante o de agente oficioso o, si se presenta en nombre propio, la identificación específica de quien se estima perjudicado o amenazado en sus derechos constitucionales fundamentales.
No basta señalar en abstracto la hipótesis de la violación o de la amenaza de violación y señalar a la autoridad supuestamente causante de una acción o responsable de la omisión; es necesario que se señale a la persona o al grupo de personas en cuyo nombre se actúa en calidad de representante o de agente oficioso o, si se presenta en nombre propio, la identificación específica de quien se estima perjudicado o amenazado en sus derechos constitucionales fundamentales.
TITULO II.
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES

CAPITULO I.
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable-- ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.--ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. --ARTICULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. --ARTÍCULO 15. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley. ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. --ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. --ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. --ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. --ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. --ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. ARTICULO 24. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto. ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. ARTICULO 28. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. ARTICULO 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas. ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. ARTICULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  ARTICULO 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social. ARTICULO 35. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma. ARTICULO 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública. ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.
Minuta de tutela
Medellín, Fecha

MEDIDA PROVISIONAL
Señor
JUEZ MUNICIPAL CIRCUITO (REPARTO)
Medellín


Asunto:                     Acción de tutela

Accionante:                                                           
Accionado:             
                                  

NOMBRE Y APELLIDOS, identificado(a) como aparece al pié de mi firma, ante usted respetuosamente acudo para promover en en nombre propio, o en representación de ó como agente oficioso de, ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el articulo 86 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, con el objeto de que se  ampare los derechos constitucionales fundamentales que considero amenazados y/o vulnerados por la  (indicar aquí si es por la acción o la omisión )  en la que incurre ( indicar aquí la autoridad o el particular contra quien se dirige la acción).

Esta petición se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

Explicar los hechos en forma clara               

DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS

Considero, que con indicar aquí si es con la acción o la omisión de  indicar aquí la autoridad o la persona particular accionada,se vulneran y/o amenazan los derechos constitucionales fundamentales de indicar aquí el derecho o derechos vulnerados y/o amenazados, garantizados por la Constitución Política, lo que permite  promover esta acción constitucional de protección para que se  otorgue el amparo oportuno y eficaz.

PETICION

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR en  mi favor o  favor de los derechos constitucionales fundamentales invocados, ordenándole a ( indicar aquí la autoridad o el particular contra quien se dirige la acción), que


MEDIDA PROVISIONAL

Completar este item si se va a hacer uso de esta opción; de lo contrario debe suprimirse del texto de la demanda

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, fundamentado además en la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar, como MEDIDA PROVISIONAL, la siguiente:  medida de conservación o seguridad que se pretende invocar encaminada a proteger el derecho o a evitar la producción de daños como consecuencia de los hechos realizados

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento me permito manifestarle que por los mismos hechos y derechos no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.

PRUEBAS

Para que obren como tales me permito aportar, en fotocopia informal, los siguientes documentos:

si se consideran conducentes otros medios de prueba, deben aquí peticionarse.

DIRECCIONES

-Accionado(s):       

Yo recibiré notificaciones en la secretaria de su Despacho o en la siguiente  dirección: Direccion TELEFONO.


Atentamente,

NOMBRE Y APELLIDOS
C.C.        de

jueves, 16 de febrero de 2012

Prueba Material o Evidencia Física (T de A)


Prueba Material o Evidencia Física    ( http://reformaprocesal.blogspot.com)
En la investigación del delito, los primeros medios que van a servir al Fiscal, establecer, como pudieron haber ocurrido los hechos y la identificación e individualización de sus autores y partícipes, son los elementos materiales probatorios y la evidencia física; los mismos que serán recogidos por la policía encargada de la investigación en presencia o no del representante del Ministerio Público, del lugar donde se encuentren.
Así la prueba material se refiere a los objetos o partes de un objeto capaces de representar, por su solo descubrimiento, un hecho con él relacionado(4), de cuyo análisis produzca información que tienda a probar o a oponerse a una hipótesis sobre un punto en cuestión.
La evidencia física es un conjunto de materiales, objetos y sustancias que guardan relación con el caso que se investiga, de diversa naturaleza y origen, dejados por la ejecución de la actividad delictiva, cuyo potencial radica en que sirvieron para cometer el hecho o consecuencia del mismo(5).
En consecuencia evidencia física y elementos materiales probatorios son los objetos tangibles que están directamente vinculados con la controversia del caso. Son los productos o instrumentos del delito que pueden ser presentados en el juicio.
El código Procesal Colombiano establece a manera enunciativa a las evidencias físicas y elementos materiales probatorios (a diferencia del NCPP que no hace referencia taxativamente) a los siguientes(6):
  • Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva;
  • Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva;
  • Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva;
  • Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal;
  • Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí;
  • Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público;
  • El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar;
  • Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General, por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente
Importancia de la evidencia física
La importancia de los elementos materiales del delito y la evidencia física radica en que estas pueden probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con la víctima o con la escena del crimen, establecer las personas asociadas con el delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de operación del agresor y relacionar casos entre si o exonerar a un inocente. Además, es más confiable y objetiva que la prueba testimonial, y el desarrollo de la ciencia le ha hecho más importante(7).
Para que el elemento material probatorio pueda luego ser admisible como prueba en el juicio, se requiere acreditar tanto su legalidad como su autenticidad. La primera consiste en que su recolección u obtención se haya verificado observando el respeto a los derechos humanos en la forma establecida en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. La segunda implica que su detención, fijación, recolección y embalaje se haya efectuado técnicamente y que se haya sometido a la cadena de custodia; si este último requerimiento no se ha cumplido, la parte que presente el elemento probatorio o evidencia física, debe demostrar su autenticidad.



(1) El Art. VIII del NCPP señala: Que toda prueba será valorada solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legitimo.
(2) ANGULO ARANA, Pedro.2006. La Investigación del Delito en el Nuevo Proceso Penal. Lima, Gaceta Jurídica S.A.175p., citando a LOPEZ CALVO, Pedro y GOMEZ SILVA, Pedro.2000. Investigación Criminal yCriminalistica. Bogotá, Colombia, Temis.137p.
(3) COLOMBIA. MINISTERIO PUBLICO. 2004. Manual de Procedimientos de Fiscalia en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Fiscalia General de la Nación.12p.
(4) VALDERRAMA VEGA, Mayor Enrique. 2005.La Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio. Colombia, Ediciones Jurídicas Radar. 124p.
(5) RESTREPO MEDINA, Manuel.2005. El Nuevo sistema acusatorio. Bogotá, Colombia, Edit. Intermedio.38p.
(6) COLOMBIA. DEFENSORIA DEL PUEBLO Y USAID. La prueba en el Sistema Penal Acusatorio. Bogotá, Colombia. 47p.
(7) RESTREPO MEDINA, Manuel. op.cit., 39p.
(8) HORVITTZ LENNON, Maria Inés y LOPEZ MASLE, Julián. 2004. Derecho Procesal Penal Chileno. Chile. Editorial Jurídica de Chile, Tomo I. 536p.




MAS DEFINICIONES DE MEDICINA LEGAL:  Elemento materia de prueba (emp) o evidencia física (ef): Elementos físicos que se recaudan por un investigador como consecuencia de un acto delictivo, los cuales pueden servir en la etapa del juicio para demostrar que la teoría del caso que se expone ante el juez es cierta y verificable. Elementos relacionados con una conducta punible que sirven para determinar la verdad en una actuación penal.  http://www.medicinalegal.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=110&limitstart=6


ELEMENTOS  MATERIALES PROBATORIOS O EVIDENCIA FISICA
OBJETIVOS.


1.       Analizar oportunamente la legalidad de los procedimientos que permiten el hallazgo de los elementos materiales probatorios.
2.      Determinar la utilidad de los elementos materiales probatorios de acuerdo con las cargas probatorias inherentes a cada delito o la teoría del caso de la defensa.
3.      Utilizar adecuadamente las evidencias físicas en las audiencias preliminares y en la audiencia de juicio oral.
4.       Demostrar  la autenticidad de las evidencias físicas.
5.      Argumentar en forma correcta sobre la admisibilidad de las evidencias físicas presentadas por los demás intervinientes.
CONCEPTO.
La delimitación del concepto de elemento material probatorio o evidencia  física estará orientada a establecer en estricto sentido que objetos o elementos comprende esta categoría y cuales no están comprendidos en ella.


La ley 906 de 2004 no define expresamente lo que ha de entenderse por elemento material probatorio o evidencia física.  En el articulo 275 se encuentra una relación, no taxativa, de lo que puede entenderse por “elementos materiales probatorios y evidencia física”: (I) lo que se ha dejado “por la ejecución de la actividad delictiva”, (II) los medios utilizados “para la ejecución de la actividad delictiva”, (III) “los efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva” (IV) lo que sea descubierto, recogido y asegurado “en desarrollo de “la diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal”, (V) “los documentos hallados o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenia en su poder o que han sido abandonados”, (VI) Lo que se obtiene “mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado”, (VII) Los archivos electrónicos o de intercambio de datos por cualquier medio tecnológico.



jueves, 9 de febrero de 2012

LEY 1453 DE 2011 SEGURIDAD CIUDADANA


LEY 1453 DE 2011
Tras ocho meses de debate en el Congreso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, está a un paso de sancionar la Ley de Seguridad Ciudadana.
A esta ley, que busca darle herramientas a la justicia y a la Policía para avanzar en la seguridad de las ciudades, sólo le resta su conciliación entre Senado y Cámara para finalizar su trámite.
La Ley modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Infancia y Adolescencia. En total la Cámara aprobó 71 de los 99 artículos que contemplaba el proyecto inicial.
En uno de los puntos se da facultades extraordinarias al Gobierno para que cree en la Fiscalía los puestos de trabajo necesarios para combatir la delincuencia.
Asimismo, adopta nuevas normas sobre extinción de dominio. Establece que se podrán monetizar de forma inmediata los bienes que sean incautados a partir del momento en que sean puestos a disposición de la entidad respectiva.
La idea, que salió de la propia Dirección Nacional de Estupefacientes, significa que un bien incautado se puede vender de inmediato, por lo que el Gobierno no tendrá que administrar bienes, sino guardar dinero, a la espera de las decisiones judiciales.
Frente a este Ley, el coordinador de ponentes, Alfredo Deluque, dijo que “es definitivamente muy útil para el Gobierno Nacional y para las demás instituciones que luchan contra el crimen organizado, es un proyecto muy técnico con muchas sugerencias y lo que se hizo fue recoger todo lo que la Policía, la Fiscalía y los jueces han dicho que necesitan para combatir a la delincuencia organizada. Además busca quebrarle la espina dorsal a las bandas criminales, bacrim, y como Congreso estamos dando las herramientas para que eso suceda en las principales ciudades del país”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, había expresado que “durante los últimos meses en cada consejo de seguridad nos encontrábamos con los mismos reclamos de nuestros hombres y de la comunidad acerca de que los que se escribía con la mano se borraba con el codo por la falta de instrumentos legales adecuados y por la adición de fenómenos criminales que no estaban suficientemente bien recogidos por la ley”.
Nuevos delitos y aumento de penas
Estableció una pena de máximo dos años por el bloqueo de vías. El castigo se aplicará para quienes incentiven dicha conducta y es un delito excarcelable.
Aplica medidas más severas para quienes incurran en lavado de activos, imponiendo penas hasta de 30 años de prisión.
“Quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares tendrá penas de 6 a 8 años y multas que podrían oscilar entre 600 y 700 salarios mínimos.
El tráfico ilícito de autopartes será penalizado con tres a cinco años.
Se modifica el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, para que también incluya los accesorios y partes esenciales y las armas de fabricación artesanal.
Se aumenta la pena al porte ilegal de armas, castigándolo entre nueve a doce años, para que no sea excarcelable.
Los disparos al aire serán sancionados. La nueva ley dice que quien “teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno a cinco años, así como la cancelación del permiso y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización”.
Crímenes como el tráfico ilícito de autopartes y la venta ilegal de medicamentos serán duramente sancionados, también quien fabrique, trafique o porte armas de fuego o municiones incurrirá en prisión de 9 a 11 años.
Se aplicarán penas de entre 13 y 22 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y grupos de delincuencia organizada.
Además de la pena, se impondrán multas entre 1.300 y 15.000 salarios mínimos.
También se castigará la minería ilegal. “El que sin permiso de las autoridades competentes o con incumplimiento de la normatividad existente, explote, explore, extraiga, transforme, transporte, comercialice, almacene o adquiera recursos extraídos de yacimiento minero, incurrirá en pena de prisión de cinco a doce (12) años”.
El tráfico de flora y fauna será castigado con hasta 108 meses de prisión y multas de hasta de 35.000 salarios mínimos.
En los procesos e investigaciones
Integra a la Policía en la vigilancia de las personas que se encuentran bajo detención domiciliaria o vigilancia electrónica.
Introduce nuevas causales para el cambio de lugar de radicación de los procesos y de los imputados afectados con medida de aseguramiento, con el fin de garantizar la seguridad de las partes implicadas en los procesos y la seguridad nacional.
Permite hacer allanamientos después de las seis de la tarde, sin presencia obligatoria de la Procuraduría, pero con la obligación de que exista un pedido de un juez.
Asimismo, dice que existirán jueces de control de garantías de reacción inmediata para operar en cualquier lugar del país.
Dentro de la iniciativa también se adicionó un artículo que extiende la duración de las interceptaciones a seis meses, tres más de lo que actualmente está estipulado.
Aumentaron los términos de la formulación de acusación, por parte de la Fiscalía, para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. Ahora serán de 90 días. Asimismo, cuando se presentan concurso de delitos será de 120 días.
El término de flagrancia se aplicará también a la persona “sorprendida en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo”.
Menores víctimas y víctimarios
Se creó el delito de tráfico de menores de edad. Castiga “él que ofrezca, entregue, acepte, reciba o realice cualquier acto o transacción en virtud de la cual un menor de edad sea vendido, entregado o traficado por precio en efectivo o cualquier otra retribución tiene una pena de entre 30 a 60 años de prisión”.
Otra de las nuevas leyes dice que usar a los menores de edad para la comisión de un delito tendrá una pena de prisión de 10 a 16 años.
En cuanto a los menores vinculados con delitos se hacen reformas al Código de la Infancia y Adolescencia.
Los menores de edad que cometan delitos de homicidio (doloso) , secuestro, extorsión o delitos sexuales, no saldrán a los 21 años de los centros de internamiento, sino que continuaran pagando su condena hasta terminarla.
En este caso la pena máxima contra los menores continua siendo de ocho años.